Piden tres años y tres meses de cárcel para un repartidor acusado de acoso sexual en Cuenca
La Audiencia Provincial de Cuenca celebra este miércoles el juicio oral contra A.M.T., un repartidor de paquetería de 44 años acusado de un delito contra la libertad sexual y otro subsidiario contra la integridad moral de una trabajadora del hogar. La Fiscalía ha solicitado una condena de tres años y tres meses de prisión, medidas de libertad vigilada y restricciones para acercarse a la víctima.
Según el escrito del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2021 cuando el acusado, trabajador de la empresa Serviur, acudió al domicilio donde trabajaba la víctima, identificada como B., en el marco de su labor de entrega de paquetes.
La empleada, a quien el acusado conocía de entregas anteriores, se encontraba sola en la vivienda. Según la acusación, tras abrir la puerta, el repartidor se demoró intencionadamente en la entrega del paquete y adoptó una actitud de contenido sexual explícito, sin que desistiera su actitud ante la manifiesta negativa de ella, tremendamente humillada y asustada por la situación en la que se encontraba, llegando incluso el acusado a franquear la puerta del domicilio. La víctima consiguió expulsarlo, pero los hechos desencadenaron graves consecuencias psicológicas.
Según se recoge en la calificación provisional, B. padece actualmente trastorno por estrés postraumático, trastorno ansioso-depresivo y otras secuelas psicológicas que han sido reconocidas como incapacidad permanente para su profesión habitual.
La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito contra la libertad sexual, con base en los artículos 178, 191 y 192 del Código Penal. Además, apunta que subsidiariamente los hechos serían constitutivos de un delito contra integridad moral previsto y penado en el artículo 173.
Para el primero de los delitos solicita una pena de dos años de prisión, inhabilitación para profesiones con contacto con menores durante siete años, y medidas de libertad vigilada por el mismo periodo. Y para el segundo, un año y tres meses de prisión.
Además se solicita la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante cinco años.
Asimismo, la Fiscalía pide una indemnización de 29.800 euros en concepto de lesiones psíquicas y secuelas, con la responsabilidad civil directa de la empresa Serviur.